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El consumo de drogas y otras sustancias se ha incrementado de manera preocupante a lo largo y a lo ancho del país. Allí donde se las comercializa la delincuencia se dispara, el abandono escolar se incrementa y la salud de los ciudadanos, en especial la de los jóvenes, se deteriora aceleradamente. En este sentido, un reciente y completo trabajo de investigación del Observatorio de la Deuda Social, dependiente de la Universidad Católica Argentina (UCA), pone de relieve la grave situación por la que se atraviesa, haciendo hincapié, de manera especial, en la venta de drogas, el consumo de estupefacientes y las adicciones en jóvenes que habitan en barrios vulnerables.
El estudio señala que «el creciente aumento en el consumo de sustancias psicoactivas se vio favorecido por la ausencia de políticas coordinadas y efectivas de prevención, protección, intervención, contención y tratamiento» y que «las pocas respuestas reactivas nacen de organizaciones no gubernamentales o de entidades privadas, siendo por lo mismo insuficiente para abordar una problemática por demás compleja».
La Iglesia ha demostrado reiteradamente su preocupación por el daño que provocan el consumo de sustancias y la violencia asociada al tráfico ilegal a nivel general y, particularmente, entre las poblaciones más carecientes.
Según ese estudio, el 22,1% de los jóvenes de entre 17 y 25 años que viven en asentamientos informales del conurbano bonaerense consume sustancias ilegales, al menos mensualmente. La mayor vulnerabilidad de esa franja etaria frente a este flagelo está dada por su particular contexto de exclusión social y por la notoria ausencia del Estado.
El 43,7% de los que participaron de la encuesta reconoció haber consumido drogas alguna vez en su vida. El 27,3% dijo haberlo hecho en el último año, mientras que el 22,1%, al menos una vez durante los 30 días previos a ser consultado. En tanto, el 36% de los jóvenes que consumieron sustancias ilegales dentro de los últimos 12 meses dijo haberlo hecho con una frecuencia semanal.
Considerando el sexo, el informe arroja que son los varones los más vulnerables al uso de drogas. Y establece que, dentro de ese grupo, incluso lo son todavía más aquellos que no estudian ni trabajan, los que no completaron el secundario y los que tienen responsabilidades que cumplir dentro de su familia desde temprana edad.
En términos porcentuales, se trata del 46,7% de los encuestados de entre 17 y 20 años que conforman ese grupo los que aseguraron haber consumido en los últimos 365 días, por lo menos, una vez por semana. En el caso de las mujeres, se trata de un porcentaje mucho menor: 13,7%.
La sustancia ilegal más consumida es la marihuana: el 47,7% la probó alguna vez, el 27,3% lo hizo durante el año último y el 21,4%, durante los últimos 30 días. En segundo orden de importancia en cuanto al consumo aparece la cocaína, con una prevalencia del 17% -10,1% anual y 6,1% mensual-, seguida por la pasta base o el paco, que provoca un nivel de adicción mucho mayor: si bien el 2,9% de los encuestados reconoció haberlo probado alguna vez, el 1,7% confió que lo usó durante el último año y el 1,5% sostuvo haberlo fumado en el último mes.
Más allá de la problemática de las drogas ilícitas, existe otro consumo que preocupa sobremanera. Se trata de la ingestión de alcohol entre los jóvenes de zonas más vulnerables. El consumo de las llamadas drogas lícitas debe ser igualmente atacado, porque existen suficientes constancias científicas de que son la puerta de ingreso al consumo de sustancias ilegales. Según el informe de la UCA, el 80,3% de los encuestados dijo haber bebido alcohol alguna vez, mientras que el 57,4% afirmó beberlo con una frecuencia mensual, y el 35,6%, varias veces a la semana. Otro dato alarmante es que el 11,3% haya admitido sufrir un «consumo problemático», es decir, cuando comienza a desarrollarse dependencia de esas sustancias.
No es una novedad el deterioro de la calidad de vida de muchísimos jóvenes que habitan en el conurbano bonaerense, en barrios asentados en lugares donde no está garantizada ni siquiera la satisfacción de las necesidades más básicas. Los chicos que viven en ese tipo de hogares representan el 50,7% del total y el 50,6% se encuentra bajo la línea de pobreza. Por otro lado, sólo uno de cada tres pudo terminar el nivel secundario de enseñanza, mientras que un escaso 7,4% pudo acceder a niveles superiores de educación.
Resulta tan lamentable como preocupante que el 68,3% de los consultados revelara que la policía sabe del tráfico de drogas en su barrio, pero que no interviene como se espera que lo haga, no sólo para detectar y poner ante la Justicia a quienes cometen ese delito, sino para evitar que más chicos sigan siendo diariamente víctimas de este mortal comercio ilegal.
La asociación policial con la política también queda reflejada en las respuestas que dieron los jóvenes. El 27,5% dijo que los punteros políticos también son responsables de mantener ese statu quo .
Si bien no pudo «confirmar una relación de causalidad lineal», la UCA encontró que la incidencia del delito aumenta entre quienes consumieron drogas en el último mes, mientras que entre los jóvenes que nunca lo hicieron sólo el 1,8% participó alguna vez en la venta de estupefacientes, el 3,1% robó o asaltó y el 1,4% portó armas en la calle.
Según las autoridades que llevaron adelante la investigación, estos jóvenes no son criminales, sino las víctimas de un proceso que estructuralmente banaliza la condición de exclusión, de marginalidad y de adicción. Es sabido que el consumo de droga debe tratarse como un profundo problema sanitario. No es a las víctimas a las que hay que individualizar ni estigmatizar, sino que urge tomar cartas en el asunto con quienes las llevan a esa situación: los delincuentes que trafican las drogas y quienes les sirven de apoyo y garantía para que puedan seguir delinquiendo porque nada les va a pasar.
Se trata de prevenir, pero también de crear las condiciones que reviertan la desigualdad y fortalezcan aquellos aspectos que hacen vulnerable a la juventud frente a la amenaza permanente que impone el narcotráfico. Para ello será necesario implementar políticas de empleo, mejorar la protección en salud y fortalecer las propuestas de educación, entre otros factores impostergables.
La diversidad y la gravedad de los trastornos que se originan en la sociedad argentina en torno al consumo de sustancias tóxicas en los jóvenes, sobre todo en los sectores más vulnerables de la sociedad, requieren el compromiso de todos nosotros como sociedad y la instrumentación de políticas públicas de parte de los gobernantes para poder de una vez por todas y antes de que sea todavía más tarde terminar con este flagelo que destruye el presente y el futuro de las generaciones venideras.
LA NACION Opinión Editorial