Quince países de la Unión Europea (UE), Suiza y Hong Kong están afectados por la crisis de los huevos contaminados, anunció el viernes la Comisión Europea.

En la UE, los países comprendidos son Bélgica, Holanda, Alemania, Francia, Suecia, Reino Unido, Austria, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Dinamarca, precisó un portavoz del Ejecutivo europeo en una rueda de prensa.

Hay granjas «bloqueadas» en cuatro países en los que «se confirmó la presencia de la utilización ilegal de este producto»: Bélgica y Holanda, donde se originó la crisis, y Alemania y Francia, según esta fuente.

Los otros integrantes de la lista «recibieron exportaciones procedentes de estos cuatro países», agregó.

La Comisión anunció asimismo este viernes que reunirá a los países afectados para «sacar las lecciones» de la crisis, al parecer el 26 de septiembre.

En el centro de esta crisis está el uso de fipronil -un antiparasitario estrictamente prohibido por la UE en criaderos de gallinas- por empresas especializadas en la desinfección de explotaciones agrícolas.

Las investigaciones llevadas a cabo en Bélgica y en Holanda se aceleraron el jueves, lo que condujo a la detención de dos dirigentes de una empresa que presuntamente utilizó este producto en gallineros en un tratamiento contra el piojo rojo.

El escándalo estalló la semana pasada que llevó a retirar millones de huevos de las góndolas de supermercados alemanes y holandeses.

El fipronil se utiliza habitualmente como antipulgas y antigarrapatas para perros y otros animales domésticos, pero está prohibido en la cadena alimentaria. A altas dosis puede provocar problemas neurológicos y vómitos.

Los huevos contaminados presentan a priori un riesgo débil para la salud del consumidor.

El Comité de Bioética de España propuso prohibir la celebración de contratos de gestación subrogada (los llamados vientres de alquiler en los que una mujer gesta un hijo cuya paternidad y maternidad cede a otras personas) «en garantía de la dignidad de la mujer y del niño». La entidad quiere promover a nivel internacional un marco común regulatorio.

En una nota de prensa difundida por el organismo se detalla: «La mayoría del comité entiende que todo contrato de gestación por sustitución, lucrativo o altruista, entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor y, por tanto, no puede aceptarse por principio». Algunos miembros del comité, consideran que «esta práctica podría regularse» para satisfacer «el deseo con la garantía de los derechos e intereses de los otros» pero «no alcanzan a ver la fórmula de hacerlo en el contexto actual».

En la Argentina, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación establece que «quienes nacen mediante técnicas de reproducción asistida son hijos de quien dio a luz y de aquellos que prestaron su consentimiento informado al tratamiento a que se someterían. También establece ciertos requisitos formales para ese consentimiento ante el centro de salud y mediante instrumento público».

Pese a no presentar una ley, la entidad española detalló tres criterios que podrían darle un marco jurídico a esta propuesta:

1. Dotar de verdadera eficacia legal a la nulidad de esos contratos, de manera que resulte aplicable también a los celebrados en el extranjero, para lo que podría considerarse la posibilidad, entre otras medidas legales, de sancionar a las agencias que se dedicaran a esta actividad.

2. Promover a nivel internacional un marco común regulatorio que prohíba la celebración de contratos de gestación, en garantía de la dignidad de la mujer y del niño.

3. Asegurar una transición segura que evite que queden desprotegidos los niños resultantes de los procesos de maternidad subrogada internacional en los que pueden estar inmersos actualmente varios españoles. Para ello puede garantizarse que su filiación en el extranjero se realice conforme a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo.

LA NACION Sociedad Salud