Una de las mayores causas de desigualdad entre hombres y mujeres radica en la imposibilidad de lograr la democratización del trabajo doméstico y de los cuidados en el ámbito familiar. La mayor parte de las mujeres sigue cumpliendo con la dura tarea de invertir tiempo en el cuidado y reproducción de la vida de los demás, en desmedro de la suya. Sus tiempos, la utilización que pueda hacer de ellos y la realización de sus propios proyectos de vida siguen postergados y dependientes del tiempo residual que le dejan los grandes y pequeños consumidores de su tiempo. La asunción casi exclusiva del trabajo doméstico y de cuidado, no remunerado, tiene efectos multidimensionales en la vida de las mujeres, limitaciones para acceder a procesos de formación y profesionalización, a trabajos remunerados, a ejercer su autonomía económica, a espacios de distensión y de descanso.

Estimaciones realizadas en el último quinquenio en algunos países latinoamericanos establecen un aporte económico del trabajo no remunerado de cuidado al Producto Interno Bruto Nacional (PNB) entre el 15% y el 24%. Si tomamos en cuenta la doble jornada laboral que realizan las mujeres; que sus ingresos en términos salariales representan el 77% de lo que ganan los hombres; y que no existen políticas de conciliación entre la vida laboral y familiar fomentadas desde el ámbito privado y, menos aún, desde el ámbito público, difícilmente podemos hablar de igualdad.

La vida de las mujeres transcurre sin que la gran mayoría repare en el verdadero esfuerzo, tiempo y trabajo que esta labor supone. Invisibles a los ojos de los demás, se despliega una de las tareas sin la cual el sistema económico de reproducción del capital y de la fuerza de trabajo que lo sostiene colapsaría.

La práctica democrática no solo está vinculada a procesos eleccionarios o de representación política, también contempla el ejercicio político de la democratización del trabajo de cuidados. No podemos hablar de igualdad entre hombres y mujeres si no somos capaces de cuidar de nuestras familias, de preparar alimentos para ellos/as, de proveer de espacios limpios saludables donde posibilitar su desarrollo; es decir, si no somos capaces de hacernos corresponsables de los procesos que sostienen la vida.

La persistencia de desigualdad en la distribución del trabajo doméstico y de cuidado es estructural. Por ello, la necesidad de asumir corresponsabilidad en el trabajo doméstico y de cuidados ya no es una opción, sino una exigencia que compromete a los/as integrantes de las familias, a la sociedad en su conjunto y al propio Estado como garante de derechos.

A propósito de estas reflexiones, el 22 de julio es el Día Internacional del Trabajo Doméstico, con la propuesta de que las mujeres nos permitimos tomarnos «vacaciones», haciendo una pausa en el trabajo remunerado. Sin embargo, nos espera el incremento del trabajo que no tiene horario, que no admite excusas ni enfermedades, en el que nadie repara y que sin embargo nunca se acaba, el trabajo que, alimentado por siglos como el más abnegado y sacrificado, todo lo entrega, todo lo soporta y todo lo tolera. Ese es nuestro reino, pues somos las reinas del hogar, «amas de casa» con las que nadie discute, pues nuestro oficio es mandar sobre escobas, ollas, trapeadores y planchas, para que aquel que fue creado a imagen y semejanza de Dios pueda seguir disfrutando del solaz de ser hombre.

«Los derechos de la diversidad sexual no son tema exclusivo de un sector político, es transversal» Afirma que, desde la creación de la fundación que hoy dirige, se ha avanzado en derechos como la Ley de Unión Civil y la legislación antidiscriminación. Gabriel Pardo, el presidente de Iguales, Juan Enrique Pi, tendrá un día ajetreado hoy: se celebra el día mundial contra la homofobia.

En la jornada previa, el nuevo líder de la fundación creada en 2011 abordó con «El Mercurio» la realidad actual en materia de la defensa de los derechos de la diversidad sexual en Chile e hizo un llamado a los candidatos presidenciales.

-Desde la creación de Iguales, ¿cree que se ha producido un cambio en la sociedad chilena en relación con los temas de diversidad sexual y el combate a la homofobia?

Desde luego. Desde la creación de la fundación hemos alcanzado importantes derechos. Por ejemplo, el año 2012 se aprobó la Ley Antidiscriminación; en 2015, aprobamos la Ley de Unión Civil. Asimismo se han suscrito circulares en defensa de las personas trans por parte de los ministerios de Educación y de Salud. Y se ha presentado el proyecto de identidad de género, que sigue en tramitación.

-¿Cuál es la visión de Iguales respecto de la decisión de una ONG de querellarse contra un juez que decidió autorizar el cambio de sexo y de nombre de un niño de cinco años?

Nosotros no compartimos las razones de esa querella. Lo que dice esa querella es que el juez habría fallado contra derecho porque no habría una ley expresa. Sin embargo, tenemos tratados internacionales vigentes en Chile. Por ejemplo, la Convención de Derechos del Niño, que establece el respeto a la identidad de los niños y niñas. Creemos que, en ese sentido, la decisión del juez es correcta.

-¿No le parece que puede ser muy radical tomar una decisión de esa naturaleza con un niño de cinco años, que todavía no entra a la educación básica?

Para nada. Porque los niños, niñas y adolescentes manifiestan su identidad de género desde muy temprana edad. El Mineduc, el Ministerio de Salud, las ordenanzas antidiscriminación de algunas municipalidades, reconocen en el mismo sentido de la Convención de los Derechos del Niño el derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes.

-¿Qué valor simbólico le asignan al acto del lunes en Providencia, donde una alcaldesa UDI como Evelyn Matthei lideró la ceremonia de izamiento de la bandera de la diversidad sexual, para conmemorar el día contra la homofobia?

Eso demuestra cómo se ha ido moviendo el cerco cada vez más en el reconocimiento a las demandas de la diversidad sexual. Los derechos humanos de la diversidad sexual no son tema exclusivo de un sector político, es transversal. Una buena prueba de ello es que la alcaldesa Matthei iza la bandera y de que hay parlamentarios que aprueban el matrimonio igualitario desde la UDI hasta el Frente Amplio.

-¿Por qué en muchos casos el debate de estos temas termina en descalificaciones y se hace muy difícil discutir con altura de miras? Esto, tanto desde quienes están a favor como en contra de una agenda de mayor diversidad sexual.

No he visto tantas descalificaciones hace tiempo. Sí puedo decir que si todavía hay discriminación y descalificación hacia la diversidad sexual, es porque la ley antidiscriminación se quedó coja en un aspecto, y que es la prevención de la discriminación.

-¿Cuáles son los tres temas prioritarios en materia de igualdad de derechos e inclusión que deberían considerar los candidatos presidenciales?

Tenemos cuatro tareas prioritarias para los candidatos presidenciales y parlamentarios. Primero, el proyecto de ley de matrimonio igualitario. Ese proyecto está comprometido para antes del 30 de junio de este año por la Presidenta Bachelet en Naciones Unidas. Segundo, la ley de identidad de género. Tercero, modificar la ley antidiscriminación y crear una nueva institucionalidad que se encargue de prevenir la discriminación. Cuarto, el cumplimiento del fallo Atala, el que ordenaba al Estado chileno la capacitación de funcionarios públicos en materias de diversidad sexual y derechos humanos, y esa parte está incompleta.

»Tenemos cuatro tareas prioritarias  para los candidatos presi- denciales y parlamenta- rios. Primero, el proyecto de ley de matrimonio igualitario».