Los defensores de las prebendas salariales del sector público son astutos y beligerantes. Tratan de enrarecer la discusión con otros temas en la esperanza de que, pasados los tres días convencionales de cada escándalo mediático, las cosas vuelvan a su lugar y nada pase. Me parece muy peligroso.
¿Por qué no discutir también -dicen- los salarios del sector privado? Por una razón esencial: el sistema de mercado opera como corrector automático de salarios privados bajo tres principios: vinculación con los costos de producción, desempeño individual (productividad) y movilidad laboral. En el sector público los niveles de salarios provienen de la fuerza sindical, presión en las calles (ICE) y calculada desidia política.
Los salarios públicos deben ser «dignos» y «justos», dicen, pero no es fácil definir la dignidad o justicia sin caer en subjetividad. Bajo el sistema de precios sí se puede verificar cuáles son salarios de mercado; en el sector público no.
En Recope, ICE o Japdeva, por ejemplo, se le traspasan los costos al usuario (tarifas) y en la UCR a los contribuyentes. Por eso debe existir una normativa para racionalizar los beneficios e igualar las remuneraciones en instituciones que hoy compiten por ver cuál paga más.
Otro argumento es que la mejor estrategia es dejar que cada institución pública lo resuelva individualmente a partir de la toma de consciencia de la insostenibilidad financiera del sistema. Me parece aún más peligroso.
Pretender que los sindicatos tomen consciencia o que el Consejo o Asamblea Universitaria estén dispuestos a desprenderse de privilegios es demasiado ingenuo. Serían, además, juez y parte.
Tampoco le conviene a la Asamblea dejarse seducir por la mágica renegociación del BCR, alabada precozmente sin analizar a fondo sus implicaciones para las demás instituciones. Los beneficios retenidos son muy generosos, no se abortó el injustificado bono salarial por utilidades (con ese precedente los empleados de Hacienda exigirían un porcentaje de los impuestos recaudados) y tampoco se actuó directamente para adelgazar la redundante planilla que encarece el margen de intermediación y eleva las tasas de interés. La movilidad voluntaria prevista es peligrosa por dejar ir a los mejores a cambio del jugoso incentivo, en detrimento de la institución.
Siempre flotará una pregunta incontestada en ese envite ¿De quién son los bancos públicos del Estado (que no percibe dividendos): de los costarricenses (que no reciben beneficios y pagan altas tasas de interés) o de sus empleados?